Los sindicatos auguran un mayor colapso de los juzgados de lo social

Empresarios y representantes de los trabajadores señalan que la reforma laboral conlleva para los fijos-discontinuos los mismos cambios que para un contratado de carácter indefinido

F. GUIJARRO PALMA  La reforma laboral va a provocar un mayor colapso de los juzgados de lo social, al obligar a los trabajadores a impugnar ante los tribunales las decisiones unilaterales de los empresarios, según coinciden en señalar los sindicatos y sus asesores legales. La nueva normativa sigue generando una fuertísima polémica, y mientras que desde UGT y CC OO se augura un repunte de la conflictividad en los centros de trabajo, los representantes empresariales insisten en que las nuevas medidas que se han aprobado serán aplicadas con cordura. En cualquier caso, todas las partes coinciden en apuntar que los más de 55.000 asalariados fijos-discontinuos existentes en Balears no van a sufrir recortes añadidos en sus derechos, al recibir el mismo trato que cualquier otro contratado con carácter indefinido. Así, desde la representación de los trabajadores se indica que “el golpe va a ser igual de duro” para ambos colectivos. El secretario de Empleo de CC OO, Francesc Mellado, se muestra sumamente crítico con la reforma, y advierte tanto del incremento de la conflictividad en las relaciones laborales como de su judicialización, al dejar a las empresas la potestad de adoptar decisiones unilaterales si no hay acuerdo con sus plantillas, que éstas sólo podrán recurrir ante un juez. El secretario general de la federación de Hostelería de UGT, Antonio Copete, coincide con esa apreciación, y anuncia que sindicatos y trabajadores se van a “atrincherar” en los centros de trabajo, con una “conflictividad permanente” para intentar evitar pérdidas importantes en sus derechos. El abogado laboralista Ferran Gomila, se suma a las críticas y lamenta que la reforma haya transformado “el derecho laboral en desecho”. Prevé también una mayor judicialización de los conflictos fruto del aumento de la polémica que la reforma conlleva en estas materias. Gomila respalda las voces que anuncian un aumento del desempleo al contar las empresas con mayores facilidades para despedir y reducir así sus costes laborales, y asegura que otros compañeros de profesión están viendo como las consultas de los empresarios sobre los costes de las rescisiones de contratos se multiplican.
Aplicación “con cordura” En el lado opuesto, el presidente de la patronal Restauración-Pimem, Alfonso Robledo, defiende que la reformas no va a conllevar grandes cambios en las relaciones con las plantillas “porque ambas partes nos necesitamos”, aunque lanza una advertencia al resto de empresarios: “Hemos de evitar la picaresca a la hora de aplicar la reforma laboral, y no recurrir a los despidos para desprendernos de los trabajadores que nos caen mal o más reivindicativos. El objetivo es aprovechar la flexibilidad para asegurar la viabilidad de las empresas”. Así, Robledo opina que los asalariados son capaces de entender que se modifiquen sus condiciones laborales, incluidos los salarios, “si ven que el empresario también da el callo, especialmente en las pymes”. El asesor de la Federación Hotelera de Mallorca, Carlos Sedano, apuesta igualmente por una aplicación de las nuevas condiciones laborales “con cordura” por parte de las empresas , y únicamente con el objetivo de evitar su desaparición. Al respecto, rechaza que se esté dando un incremento de las consultas por parte de empresarios isleños para calibrar las nuevas posibilidades de despidos. El abogado Antoni Font se declara convencido de que en la mayoría de los casos, la reforma va a potenciar los “acuerdos extrajudiciales” entre empresa y trabajadores, aunque haya casos que puedan desembocar en los tribunales como podría ser los temas relacionados con los recortes salariales. Además, opina que la rebaja en las retribuciones no va a ser tan simple de aplicar en las empresas como se ha podido temer, ante la necesidad de que el empresario justifique las necesidad de esta iniciativa.